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Para Vivir Bien con Autonomías

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Para vivir bien con democracia y autonomías constituye una iniciativa destinada a continuar, en un plano propositivo, el proyecto “Para Vivir Bien con Autonomías” implementado durante la gestión 2011. Este último se centró en detectar los problemas y defectos originados en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), y  el que ahora se plantea pretende dar respuestas concretas a una serie de conflictos que se han desatado, precisamente por la implementación de la LMAD, que afectan de una forma directa a la democracia y, por supuesto, al proceso de implementación de las autonomías en Bolivia.

 

Una de las principales conclusiones que se planteó, en los distintos eventos organizados en el marco del proyecto “Para Vivir Bien con Autonomías”, fue que el proceso autonómico está estancado y que además se ha convertido en una fuente permanente de conflictos que afecta a la democracia. En este contexto, la Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP) considera que existen dos temas fundamentales que no sólo influirán en el destino de las autonomías en Bolivia, sino que impactarán a la democracia. Naturalmente, esta combinación de problemas afectará la construcción del denominado “Estado Plurinacional” que pretende consolidar el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). En este sentido, más que críticas, se requieren propuestas y este es precisamente el espíritu que alienta la presente iniciativa. 

 

La participación ciudadana y una adecuada gestión en medios de comunicación por parte de la ABCP, permiten que el proyecto “para vivir bien con democracia y autonomías” tenga el potencial de incidir positivamente en el proceso de construcción de la institucionalidad del sistema de autonomías, del Estado Plurinacional y la consolidación de la democracia en Bolivia.

 

En criterio de la ABCP y tomando en cuenta la experiencia y lecciones que ha dejado el proyecto “Para Vivir Bien con Autonomías”, deben abordarse las siguientes temáticas con un enfoque propositivo para contribuir no solo al proceso de implementación de las autonomías, sino para preservar el núcleo de derechos, libertades y garantías que caracteriza al sistema democrático.

 

En primer lugar, la cuestión de la “autodeterminación” y “territorialidad” que la Constitución Política del Estado reconoce a los pueblos y naciones indígena originario campesinas de Bolivia, debe ser encarada con seriedad. Si bien todavía no funciona efectivamente ninguna autonomía indígena, ya existe una disputa sobre la titularidad del “derecho propietario” de los recursos naturales que yacen y subyacen en los territorios indígenas. Si el gobierno pretende implementar un plan ambicioso de desarrollo, debe primero definir con esos pueblos la mejor forma de hacerlo, respetando sus derechos colectivos y conciliándolos con la necesidad de disminuir la pobreza y desigualdad que todavía afectan a gran parte de la población en Bolivia. No debe repetirse un conflicto como el que se verificó con los habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ya que el discurso gubernamental – tanto en el plano de la retórica pro-indígena y de la defensa del medio ambiente – no coincide con la realidad de sus acciones, promoviendo conflictos de alta intensidad que lastiman severamente los derechos humanos y la democracia.

 

Este tema es muy delicado, ya que el gobierno ha conseguido forzar – y reactivar un conflicto en apariencia superado –  la realización de una “consulta previa” que incluiría a comunidades cocaleras que no habitan el TIPNIS (colindan con él en un lugar denominado “cono sur” o “polígono siete”). La consulta está prevista para Mayo y si, como es previsible, prevalece la opinión gubernamental de construir una carretera por el corazón del parque nacional, es altamente probable que se enfrenten indígenas con campesinos cocaleros, o indígenas disidentes con indígenas pro-gubernamentales. Ambos escenarios tienen el potencial de escalar la intensidad del conflicto social y afectar a todo el sistema político con unas consecuencias imprevisibles que, con seguridad, afectarán en primer lugar a la democracia boliviana.

 

En segundo lugar, ya se ha señalado que la LMAD establece un procedimiento inconstitucional para la suspensión temporal y destitución de autoridades electas. En todos los casos que el oficialismo tomó por esta vía gobernaciones y municipios, ha causado problemas de gobernabilidad y por supuesto de gestión pública que afectan notablemente a la sociedad civil. Tal vez el caso más emblemático de la aplicación del mencionado procedimiento sea el que sufrió el municipio de Sucre que, cuando fue convocado a elegir nuevamente Alcalde en diciembre de 2011, optó por un candidato de la oposición. Similar postura fue observada en el municipio de Quillacollo y seguramente este patrón se repetirá en todas las entidades territoriales autónomas en las que el MAS haya tomado (o lo está haciendo), a través de ese procedimiento, el control de sus gobiernos sub-nacionales. El propio partido de gobierno considera imprescindible modificar esta enorme “falla” en la LMAD que ha contribuido a erosionar su legitimidad y la popularidad de Evo Morales.

 

 



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